En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Serpaj Aysén ratificó su adhesión a la campaña “Declaramos Ilegal la Pobreza 2018” que nace en la Patagonia y está siendo impulsada por el obispo de Aysén Luis Infanti. Durante la jornada celebrada en el Auditorio de la Biblioteca Regional de Aysén, y que contó con al menos 50 participantes, panelistas de diferentes instituciones -entre ellos el director de América Solidaria, Benito Baranda y el director regional del Serpaj Aysén, Rodrigo Quezada-, invitaron a reflexionar sobre las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que permiten reproducir estructuralmente el empobrecimiento de las comunidades y personas tanto en Chile como en el mundo.
Según lo compartido por Rodrigo Quezada en el encuentro, “el sentido para nosotros de adherir a esta iniciativa va en consonancia a lo que refiere el obispo, es un paso muy importante que estamos dando desde la Patagonia, puesto que todas las iniciativas que inviten al debate y a la reflexión son necesarios para que la campaña llegué en el 2018 a la Organización de las Naciones Unidas con el fin de declarar ilegal a la pobreza”.
Luego de una reflexión introductoria sobre la desigualdad, la esclavitud y la miseria, Quezada se refirió a la situación actual de Chile y la región de Aysén, donde la reproducción de la desigualdad se da porque la Constitución y las leyes favorecen a los sectores acomodados desprotegiendo a los más vulnerables.
Acorde a lo señalado por el director de Serpaj Aysén, “tal es la desigualdad generada por las leyes que la precarización de las condiciones laborables es lamentable. Según datos de la Fundación Sol, en Chile prolifera y se permite la contratación de mano de obra barata, empleos temporales y a honorarios que imposibilitan la garantía de una estabilidad laboral digna para las personas. Así, más de un millón de personas ganan el salario mínimo en contraposición al 0,01% de la población laboral, que son los gerentes de las grandes empresas que perciben un sueldo de hasta 178 veces un salario mínimo”. En relación a este tema, agregó que “los datos son para reflexionar sobre cuál desigual es nuestra realidad nacional, y si esto lo pensamos en el contexto de la región de Aysén, esta desigualdad es aún mucho mayor”.
Algunas de las condiciones que Rodrigo Quezada también indicó sobre la reproducción del modelo socioeconómico neoliberal y extractivo de la Constitución instaurada por el Golpe militar, son las de la represión efectiva al derecho a la protesta, que garantizan tanto el empobrecimiento como la violación de los derechos de las comunidades. “el Estado al criminalizar los movimientos sociales y legitimar el ejercicio de la violencia represiva contra activistas, ambientalistas y comunidades mapuche que ejercen el derecho a la protesta, protege a los empresarios facilitando el acceso de sus industrias extractivas y contaminantes que niegan el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo de las culturas de las personas en sus territorios”. Agregó que por lo anterior, entre otras graves consecuencias, se desprende “la relación lamentable entre pobreza e infancia. En Chile el 22% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza, y el 32,2% de nuestros niños y niñas entre 0 y 3 años vive en extrema pobreza, y la mayoría de ellos pertenece a territorios de la región de la Araucanía”.
Desde el contexto de la región de Aysén, señaló que “con el sistema económico actual no hay garantías constitucionales de ejercer efectivamente el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, tal como está ocurriendo con la comunidad de Alto Mañihuales, donde la empresa minera presiona a sus habitantes con compensaciones económicas para que no realice denuncias pertinentes por la contaminación que ha traído como consecuencia la muerte de animales de crianza en el sector, así como la reciente comprobación, por el Colegio de Médicos de Chile, de la contaminación por arsénico de algunos habitantes del sector”.
Concluyó Rodrigo Quezada que “actualmente el Estado de Chile en vez de garantizar condiciones sociales para realizar material y espiritualmente a las personas desde el acceso a los bienes comunes, continúa atentando contra la esencia misma de la Declaración de los Derechos Humanos, donde se condena a los empobrecidos a la marginalidad, a la contaminación, a la usurpación de sus aguas y sus tierras, negando la dignidad de la vida de cada una de las personas”.
