El pasado jueves 3 de octubre fue despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley -impulsado por el Gobierno- que autoriza el control preventivo de identidad a menores de edad, quedando listo para ser discutido en Sala.
El Gobierno, a través de la Subsecretaria de Prevención de Delito Katherine Martorell, reiteró la importancia y urgencia de esta iniciativa: “Creemos que es una medida sumamente importante para poder llevar seguridad a las personas. Las comunidades nos están pidiendo que podamos resguardar la seguridad, apoyar a las familias, intervenir a los jóvenes que estén prontos a cometer un delito”, reiterando que se trata solo de una alternativa para “entregar más facultades a las policías”.
Sin embargo, organismos como UNICEF y la Defensoría de la Niñez, han sido categóricos al asegurar que este proyecto de ley contempla importantes vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Esta medida viola la Convención de Derechos del Niño y otros tratados suscritos por Chile, por lo que requerimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda en favor de proteger la aplicación de estas normas”.
El control de identidad faculta a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, apelando al resguardo del orden y la seguridad pública, para controlar la identidad de cualquier persona mayor de 16 años en vías y otros lugares públicos, y en lugares privados de acceso al público en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o la tarjeta nacional estudiantil.
En ese sentido, Patricio Labra, Director Ejecutivo de SERPAJ Chile, es crítico de la medida por considerarla un retroceso en los derechos de la niñez: “El control de identidad a adolescentes desde los 16 años no representa de ninguna manera un avance hacia la protección de niños, niñas y adolescentes, puesto que contraviene la Convención de Derechos del Niño, junto con tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero lo que es peor aún, deja totalmente desprotegidos a los niños, niñas y adolescentes ante la sola amenaza de discriminación, injerencias arbitrarias, ataques a su honra y reputación”.
De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, la delincuencia juvenil ha disminuido. De 70 mil casos vigentes en 2007, cuando se inició la Ley Responsabilidad Penal Adolescente, el año 2018 solo se registraron 35 mil casos vigentes. Por otro lado, la participación de adolescentes en delitos como robo con violencia o intimidación, ha bajado significativamente en los últimos diez años: disminución del 31,1% de adolescentes entre 14-17 años aprehendidos (Ministerio del Interior y Pensamiento Penal).
A lo anterior, se suma que según datos de Chile 21, “no hay evidencia que sustente que el control de identidad a menores de edad genere impacto positivo sobre la seguridad. Es más, de acuerdo a expertos y organizaciones internacionales, esta práctica incluso genera más violencia e impacta negativamente sobre la confianza de menores hacia las policías”.
Asimismo, durante la discusión del año 2016 de la llamada “agenda corta anti-delincuencia”, UNICEF denunció riesgos de control a menores de 18 años: “Se ha verificado que crea estereotipos y estigmatiza a sectores de la población, remarcando que conforme la evidencia “la prevención de los delitos no pasa por el aumento de controles o de penas, sino que por la inversión en políticas sociales donde la educación juega un rol central”.
Para Sebastián Olivares, Asesor Técnico del Área de Justicia Juvenil de la Unidad de Infancia y Derechos de SERPAJ Chile, esta iniciativa no tiene mayor vigencia en el mundo y viene a refrendar procesos de criminalización y estigmatización: “Los Estados que han ratificado la Convención de Derechos del Niño, han reconocido su rol a la protección re-forzada que deben tener hacia los niños, niñas y adolescentes, considerando a esta población particularmente vulnerable. Ante lo cual, la tendencia en esta materia, ha sido retrasar lo más posible el contacto con cualquier agente del circuito judicial, para así evitar procesos de criminalización, discriminación, estigmatización e injusticias”.
El control preventivo a menores de edad no resuelve el problema de la delincuencia, más bien, presenta un severo problema de eficacia en su utilización. El año 2018 se hicieron -por parte de las Policías- 4 millones de controles preventivos con 100 mil detenciones por procesos pendientes, lo que significó un 2,5 de efectividad: instalando a la ciudadanía en una situación de sospecha constante, perdiendo la presunción de inocencia y propiciando la aparición de arbitrariedades.
