La solicitud fue ingresada por Patricia Zalaquett, directora de la Corporación Memoria Borgoño, en el marco de un taller de acceso a la información organizado por La Pública y Londres 38. Gendarmería negó la información por el supuesto deterioro de los libros de detención, argumento que el Consejo para la Transparencia desestimó por el valor histórico de los documentos solicitados.
En la comuna de Independencia, a pasos del Río Mapocho, está emplazado el ex Cuartel Borgoño. Antes de la Dictadura, este conjunto de cinco edificios albergaba instituciones relacionadas a la salud, como el Desinfectorio Público y el Instituto Bacteriológico. Pero después del Golpe Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) ocupó las instalaciones hasta su disolución en 1977. Con el cierre de la DINA, el Cuartel Borgoño fue traspasado a la Central Nacional de Inteligencia (CNI), transformándose en uno de los recintos operativos más importantes del aparato represivo de la Dictadura.
Según testimonios, las celdas ubicadas en el sótano del edificio era donde las y los detenidos pasaban la mayor parte del tiempo. Ahí había una sala para exámenes médicos, un cuarto de interrogación, y una pieza donde se tomaban huellas digitales. Álvaro Corbalán y la Unidad Azul operaban desde el Cuartel Borgoño, siendo un equipo focalizado en desarticular al MIR y luego al FPMR. La información sobre este cuartel, sin embargo, es escasa, y solo algunos detalles se han rescatado a partir de la investigación de causas judiciales.
En 1988, las instalaciones de este centro de detención y tortura fueron entregadas a la Policía de Investigaciones, que nueve años después demolió algunas secciones para construir un nuevo recinto, en donde hoy se encuentran la brigada antinarcóticos y la jefatura nacional de homicidios, entre otros. Ante el inminente riesgo de continuar con las demoliciones, sobrevivientes y familiares constituyeron la Corporación Memoria Borgoño y, gracias al trabajo de las organizaciones, en 2017 fue declarado Monumento Nacional. La administración del monumento, sin embargo, sigue en manos de la PDI, y la amenaza de demolición continúa.
La búsqueda de documentación es clave para el rescate de este sitio de memoria. Por eso, la Corporación que dirige Patricia Zalaquett decidió conformar un equipo de investigación compuesto por diferentes disciplinas. La cientista política Javiera Campos forma parte de ese equipo, y asegura que buscar datos e información de Cuartel Borgoño es uno de sus principales desafíos. “Es un acuerdo de hace varios años de buscar todo tipo de información sobre el ex Cuartel Borgoño y en esa búsqueda hay trabajo de arqueólogas, antropólogas, arquitectos, de distintas disciplinas. Nos interesa el tema de los archivos”.
Por eso, en agosto de 2021, Patricia Zalaquett participó del Taller sobre acceso a la información para organizaciones sociales, que buscaba entrenar e instalar la capacidad de pedir y reclamar información al Estado. En el contexto de este taller, solicitó a Gendarmería acceso a los registros de detenidos en los recintos penitenciarios de la Región Metropolitana de personas provenientes del Cuartel Borgoño, entre enero de 1984 y diciembre de 1986.
Gendarmería negó la información, asegurando que los registros de la época “se encuentran solo en libros, los cuales mantienen un grave deterioro y mala conservación” y que un incendio afectó los archivos.
No conforme con la respuesta, Patricia Zalaquett presentó un amparo en octubre de 2021 ante el Consejo para la Transparencia, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley sobre Acceso a la Información. Con la ayuda de la coordinadora de acceso y cofundadora de La Pública, Catalina Gaete, Patricia alegó que Gendarmería vulneró su derecho de acceso a la información. “En la argumentación del amparo, nos enfocamos en que el deterioro de los registros no está entre las causales de reserva o excepciones que contempla la Ley de Transparencia”, asegura Gaete, refiriéndose al Artículo 21 de la ley, que detalla cinco situaciones en que una solicitud de información puede ser denegada. “Ninguna de esas excepciones incluye la deficiente gestión documental o archivística que tenga el organismo”, concluye la cofundadora de La Pública.
Además, el resguardo de documentos históricos es particularmente sensible cuando se trata de información relacionada a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura. “En la argumentación del amparo agregamos una mención a la obligación de Gendarmería de conservar sus registros para el uso y consulta, no solo de las víctimas de la represión política y sus familias, sino de la sociedad chilena en su conjunto”, explica Gaete.
Fuente: La Publica