Como cada 10 de diciembre el mundo conmemora la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948.
Documento de carácter histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición.
Dos años más tarde vendría la creación oficial del Día de los Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 423 (V) de la Asamblea General en la cual se invitó a todos los Estados y organizaciones interesados a que adoptaran el 10 de diciembre como el día conmemorativo.
Sin embargo, este año cuando se cumplen 71 años desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Chile enfrenta una situación grave de vulneración a los derechos fundamentales, que no se veía desde la dictadura de Pinochet.
Hoy, el país atraviesa un proceso histórico, pero no exento de violencia: el estallido social que se inició el 18 de octubre pasado desencadenó una represión brutal con generalizadas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, así lo han sostenido diferentes organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esta última, a través de un informe de 30 páginas detalla extensas alegaciones –con ejemplos específicos- de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual por Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales habrían sido detenidas arbitrariamente.
De hecho, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre más de 28.000 personas han sido detenidas, dando cuenta que el gobierno ha sido incapaz de dirigir el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, permitiendo que actúen en la total impunidad y sin medir consecuencias.
A lo anterior, se suma la denuncia del equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que da cuenta de los 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de Carabineros y militares.
Al igual que las 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, y que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado, señalando que la 11 de estas 26 muertes, constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. En dos de estos casos se señala que “parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia.
Sumado al “número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o faciales (aproximadamente 350) demuestra que hay razones fundadas para creer que “se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”
Como SERPAJ Chile reiteramos nuestro completo repudio al actuar de las policías, y exigimos justicia y reparación para todas aquellas personas que han sufrido vulneraciones graves a sus derechos fundamentales, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que han visto como el Estado trasgrede los tratados internacionales en materia de infancia y derechos, violentándolos y negándoles su derecho a manifestarse libremente.
Finalmente, señalamos que para que avanzar en la construcción de un país más justo e igualitario, es fundamental que haya justicia y que existan espacios de participación efectiva que permitan a todos los chilenos y chilenas escribir su propio futuro.
