¿Son Carabineros de Chile una fuerza pública esencialmente obediente y no deliberante?
Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben esta Declaración vienen a expresar su apoyo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en especial a la persona de su Directora, Lorena Fries Monleón, ante el cuestionamiento de que han sido objeto por el General Director de Carabineros de Chile y un grupo de diputados de la Derecha Política.
Al respecto señalamos lo que sigue:
1.-El pronunciamiento efectuado por el General Director de Carabineros infringe la Constitución vigente. Con su carta abierta del 2 de abril se ha arrogado la atribución de hacer presente de manera directa a un organismo público, en este caso el INDH, cómo debe ejercer sus funciones, en este caso, la promoción y protección de los derechos humanos. Conforme a este predicamento, el General Director de Carabineros podrá el día de mañana manifestar a otras instituciones públicas -al Congreso, a los Tribunales de Justicia, al Tribunal Constitucional o al propio Gobierno- su preocupación por el modo como estos organismos cumplen con sus deberes institucionales. Carabineros de Chile, como cuerpo armado, es esencialmente obediente y no deliberante y por lo demás dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Solicitaremos a la Directora del INDH que se consigne en el próximo Informe Anual de Derechos Humanos esta transgresión del máximo jefe policial a un mandato constitucional explícito.
2.- Por su parte, el INDH tampoco puede incumplir el mandato legal que lo constituye y le ordena, entre otras atribuciones, comunicar al gobierno y a los distintos órganos del Estado que estime conveniente su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos, hacer recomendaciones o proponer medidas para su debido resguardo y respeto e incluso deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia.
Todo aquello que la ley le encomienda hacer al INDH –incluyendo lo de favorecer la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles del sistema educacional- debiera dejar de hacerlo según el General Director de Carabineros. “Existe una evidente tendencia a resaltar – es lo que esta jefatura policial cuestiona- sólo casos específicos negativos de la actuación policial por medio de la interposición de acciones legales o constitucionales…” Precisamente el INDH no puede restarse a interponer acciones de protección legal ante cualquier caso específico negativo de la actuación policial, y más todavía si hay una tendencia al aumento de los casos de abuso o maltrato en el accionar de esta fuerza pública.
3.- Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos no renunciaremos a ejercer nuestros derechos de libertad de expresión y de reunión, y en consecuencia el derecho de manifestación, con el cual se exige el respeto o recuperación de los demás derechos. Cuando las manifestaciones tienen lugar en el espacio público, es deber del Estado, tal como se lee en el Informe de Derechos Humanos para Estudiantes – el texto educativo que ha sido criticado por algunos parlamentarios opositores- cuidar que este derecho se cumpla asegurando la integridad personal de sus participantes. Nosotros no amparamos ni incentivamos ningún acto de violencia en nuestras marchas o reuniones públicas, sea que afecten a los propios manifestantes, a miembros de Carabineros o a otras personas. Esto no puede entenderse –dice el mismo texto que se pretende censurar- como parte del derecho a la manifestación, ya que lo importante es expresarse en paz y sin violencia.
4.- Quienes suscribimos esta Declaración hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones y movimientos ciudadanos que tienen una convicción democrática y de respeto a los derechos humanos a que asuman activamente la defensa del INDH, en su calidad de institución autónoma. Tenemos la certeza de que si tuviese éxito la operación de limitar o restringir el cumplimiento de las funciones legales del Instituto lo que se obtendría como consecuencia sería autorizar la indefensión de los derechos humanos en nuestro país. Ni por su historia, ni por su presente ni por su futuro, Chile puede permitírselo.
