La reforma constitucional que fue despachada esta semana desde la Cámara Alta a segundo trámite legislativo, salió con una condición: que finalmente se defina por ley el tan manoseado concepto. La comisión de Constitución del Congreso pretende comenzar el debate el próximo lunes. No obstante, el presidente de la instancia teme que se apruebe la iniciativa y que en ese espacio en el que no queda claro qué es cada cosa, las Fuerzas Armadas puedan establecerse en donde el Presidente quiera. Eso, más otros dos factores en juego: el receso legislativo en febrero, y la posible (y temida) reactivación de las movilizaciones en marzo.
Hoy en día, el diputado Giorgio Jackson (RD) está concentrado en la votación por la reforma tributaria y los problemas respecto a la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Puede que por eso no haya dimensionado la respuesta que le entregó la Municipalidad de Santiago (perteneciente al distrito que representa) el 15 de enero pasado, respecto a lo que en aquel gobierno local (dirigido, en este caso, por un alcalde oficialista) entienden como “infraestructura crítica”.
En diciembre de 2019, Jackson solicitó al municipio liderado por Felipe Alessandri el “número de ataques o amenazas registrados a la infraestructura crítica de esa comuna, desde septiembre de 2019 a la fecha, señalando la cantidad de denuncias efectuadas al respecto, en los términos que requiere”. El requerimiento fue derivado a Arturo Urrutia, director de Seguridad Vecinal y Resguardo de Santiago. En 30 de diciembre, Urrutia respondió: “En lo que respecta a las denuncias efectuadas, las policías o el ente persecutor fiscal, son los organismos que reciben, centralizan y se encuentran en condiciones de proporcionar dicha información, en lo que respecta a esta Repartición, no ha efectuado denuncias por hechos como los requeridos (sic)”. No obstante, al parlamentario le fue entregado un listado con las “154 concurrencias de funcionarios de esta Dirección de Seguridad Vecinal y Resguardo” hasta el 30 de noviembre.
El listado consigna incendios declarados, “apoyo a bomberos”, emanaciones de humo, además de daños en bienes municipales y privados. Allí están el fuego en el edificio de Enel, las tomas del colegio Confederación Suiza, barricadas en algunas esquinas, “siniestros” en edificios bancarios y más. Todas opciones que, dado el escenario y el estado actual del proyecto de reforma constitucional promovida por el gobierno, podrían ser objeto de defensa militar.
Segundo trámite
Primero fue un proyecto de ley y luego una reforma constitucional. Ese fue el camino que tomó la propuesta de defensa de infraestructura crítica. El senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, lo grafica así: “El gobierno quería una ley para facultar al Presidente para decretar una especie de Estado de Excepción distinto, que permitía sacar a los militares para resguardar infraestructura crítica, y le dijimos que tenía que ser reforma constitucional, lo que exige más quorum (para su tramitación); segundo, no íbamos a permitir ningún tipo de artículo que permitiera establecer ningún grado de impunidad para la actuación de los militares; y tercero, como lo sacamos del Estado de Excepción y lo pusimos en las facultades del Presidente. En la práctica, evitamos que los Presidente en el futuro puedan decretar Estado de Emergencia”.
El senador Harboe
La ley que llegó a segundo trámite legislativo considera: que la facultad se ejecute con suscripción de los ministerios del Interior y de Defensa; que los militares no patrullen, sino que se establezcan en un punto específico; que el plazo límite para este escenario sea de 30 días y en el caso de requerir prórroga, solicitarla a Congreso quien resolverá tras un análisis; y que el Presidente informe “a la brevedad” sobre las medidas adoptadas respecto a esta atribución.
Respecto a lo que significa “infraestructura crítica”, los senadores oficialistas ejemplificaron con lugares desde donde se provee y garantiza el abastecimiento de los servicios básicos y las personas que trabajan allí: plantas de agua potable, electricidad, combustible, o lugares como aeropuertos u hospitales. En resumen, que su perturbación tenga “un grave impacto sobre la población”, según consignó el portal del Senado. (Se consideran también las oficinas de gobierno, el Congreso, las instalaciones del Poder Judicial y los órganos del Estado que entren en esta categoría).
Con todo, y según cuenta Harboe, la reforma constitucional tiene como condición que se tramite una ley que defina de forma clara y precisa lo que se debiese entender como “infraestructura crítica”: “Está comprometida la ley para el primer trimestre del próximo año”, adelanta el senador.
Sin embargo, hay preocupación de cara al debate entre los diputados.
Esos espacios que hay que evitar
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC), espera que el proyecto se discuta el próximo lunes. Garantiza que no se debatirá “a matacaballos”, y si fuese por él, que febrero, correspondiente al periodo de receso parlamentario, se usara pare resolver este tipo de asuntos. Pero sus ojos están puestos en ese espacio que queda entre la aprobación de la reforma, que garantizaría el uso de esta facultad, y la ausencia de ley que defina o enliste “infraestructura crítica”. Es decir, que allí donde se disponga de las Fuerzas Armadas sea solo a criterio de la administración de turno.
El diputado Walker
“No me niego a que se pueda discutir esto: en determinadas situaciones, Carabineros
se pueden ver sobrepasados y se requiere que las Fuerzas Armadas puedan salir sin Estado de Excepción ni afectar derechos constitucionales. El tema es bajo qué condiciones se hace. La reforma constitucional debiera darle un plazo máximo al gobierno para que se ingrese el proyecto de ley, y que cuando se refiera a infraestructura crítica, esta esté definida por esa misma ley”, explica Walker.
El presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), ya anunció que votará en contra del proyecto: “Provocará más tensión, en base a rabia contenida que se desborda. Y eso da más malestar en la ciudadanía (…) Si definimos que cada torre de alta tensión o cada poste es infraestructura estratégica, vamos a tener desplegado el Ejército de Arica a Magallanes. Es un proyecto que a mí no me gusta”, señaló.
De alguna forma, el proyecto de ley que defina o enliste la infraestructura crítica podría ser también intervenido o redefinido por el mismo parlamento durante su discusión. Si eso no ocurre, el concepto quedará establecido en el decreto supremo que firme el Presidente junto a los ministros de Interior y Defensa. Con todo, las Fuerzas Armadas no podrán ser usadas para reestablecer el orden o la seguridad pública.
Fuente: El Desconcierto
Link de la publicación original: https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/22/infraestructura-critica-los-espacios-y-condiciones-que-permitirian-al-presidente-disponer-de-militares-donde-quiera/
