El pasado 28 de abril se publicó el Informe Anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), documento que cada año entrega un panorama global del gasto militar y que se enmarca en los Días de Acción Global sobre el Gasto Militar (GDAMS).
El informe muestra que el gasto militar mundial alcanzó en 2024 un récord histórico de 2718 mil millones de dólares. América Latina1 no queda fuera de esta lógica: Chile se mantiene como el cuarto país de la región con mayor gasto en defensa, alcanzando los 5.105 millones de dólares2, solo detrás de Brasil, México y Colombia. Además, el país también ocupa el cuarto lugar en gasto militar relativo al PIB, con un 1,6%, superado por Colombia (3,4%), Uruguay (2,3%) y Ecuador (2,3%).
Estas cifras resultan alarmantes cuando se contrastan con el presupuesto asignado a ministerios y organismos vinculados a derechos sociales y protección de la vida. Mientras el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispone de casi 3 billones de pesos, destinando más de 1.426 mil millones solo a Carabineros de Chile, y el Ministerio de Defensa Nacional cuenta con más de 2,1 billones, organismos fundamentales para el bienestar de la población operan con recursos notablemente inferiores.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, responsable de coordinar políticas públicas contra la pobreza y la desigualdad, tiene un presupuesto de 1.208 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo asignado al aparato militar. Aún más preocupante es la situación de servicios como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, que cuenta con 478 mil millones, la Subsecretaría de la Niñez con solo 49 mil millones, o el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con apenas 57 mil millones. A esto se suma el escaso financiamiento para áreas como el medioambiente, la ciencia, la cultura o los derechos de las mujeres. El Ministerio del Medio Ambiente recibe solo 78 mil millones de pesos, el Ministerio de las Culturas 275 mil millones, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 80 mil millones, todos montos muy inferiores a los destinados a ramas como el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.
Desde SERPAJ Chile reafirmamos que la paz no se impone con armas, se construye garantizando condiciones dignas de vida para todas las personas. La mejor manera de enfrentar la inseguridad y la violencia no es aumentar el gasto en fuerzas armadas o policiales, sino mejorar las condiciones estructurales que las generan. Un país será más seguro en la medida en que quienes lo habitan tengan acceso efectivo a salud de calidad, educación pública, empleo digno, vivienda adecuada, espacios culturales, entornos seguros y servicios sociales que protejan a las personas en todas las etapas de su vida. La violencia no nace en el vacío: se nutre de la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza. Por ello, el verdadero camino hacia una sociedad segura es construir un Estado que cuide, que proteja derechos, que garantice justicia y que respete la dignidad humana.
El Estado tiene la responsabilidad de redefinir sus prioridades presupuestarias. No se puede seguir justificando el gasto en guerra mientras se precariza la vida de millones de personas. La militarización no garantiza la paz: la refuerza una inversión sostenida en derechos humanos, justicia social y protección del territorio.
La desmilitarización es un acto urgente y transformador. Solo así podremos construir una verdadera Cultura de Paz.
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Más información en:
Global Campaign On Military Spending demilitarize.org
Presupuesto Abierto https://presupuestoabierto.gob.cl/
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo SIPRI https://www.sipri.org/
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