El último reporte entregado por los relatores de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer que las casi 20.000 toneladas de residuos tóxicos vertidas entre 1984 y 1985 por las empresas Boliden Mineral AB y Promel Ltda en Arica, aún permanecen a la intemperie y expuestas a los elementos de la naturaleza, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la población.

En 1997 el Servicio de Paz y Justicia, Serpaj Chile realizó un trabajo colaborativo con las organizaciones de vecinos Poblaciones Los Industriales I, II, III y IV y Cerro Chuño, en la comuna de Arica, con el objetivo de articular el tejido social por medio de un Plan Vecinal que identificara y visibilizara las problemáticas medioambientales de la zona. La iniciativa incluyó un proceso de diagnóstico y conocimiento de la temática, junto con un proceso de formación y desarrollo de organizaciones vecinales. Lo anterior, permitió visibilizar al resto de la comunidad y otros actores el problema de los desechos de minerales tóxicos y además, fortaleció la concientización en las y los vecinos tanto de su rol individual como ciudadanos y con su entorno inmediato.

Las principales acciones se enfocaron en el empoderamiento, participación y capacitación de los actores sociales, especialmente de dirigentes y dirigentas vecinales, la creación de organizaciones funcionales para impulsar la movilización de las demandas, fortalecer y crear vínculos estratégicos con otros integrantes de la sociedad civil como con actores políticos o universidades, la exigencia del respeto de derechos y reparación por el daño causado, redactando petitorios y apoyando distintas demandas judiciales. En este sentido, se brindaron herramientas educativas sobre problemáticas medioambientales, derechos ciudadanos, derechos humanos de tercera generación y de los marcos jurídicos nacionales e internacionales vinculados al problema de los desechos tóxicos, mecanismos de acción civil organizada y espiritualidad en el proceso de resolución de conflictos.

El proceso incorporó la investigación científica con estrategias de acción social y política con el objetivo de abordar la situación a través de la metodología de la No Violencia Activa y enfocada en respeto por los Derechos Humanos, principios fundamentales del quehacer institucional de Serpaj Chile, contribuyendo en la búsqueda y construcción de un país más humano, democrático y justo.

En este trabajo se articularon diferentes organizaciones e instituciones mediante la coordinación de reuniones, asambleas y junto con ello, la documentación y evidencia científica que demostrara los alcances de la problemática para determinar las responsabilidades políticas y legales en actores concretos. Este plan vecinal identificó diversos focos de problemas ambientales en la zona, basurales, uso indebido de suelos, quema de basura, vertederos, contaminación atmosférica, acústica, entre otros.

El punto más relevante fue el referido al abandono de metales tóxicos por empresa la Promel a pocos metros de sectores poblacionales. Los análisis mostraron la presencia de cadmio, plomo, arsénico y cobre, materiales de alta toxicidad para la salud humana que hasta el día de hoy sufren las y los ariqueños.

Todo lo anterior, llevó a que en 1998 el Servicio de Salud de Arica tomara muestras para determinar la presencia de dichos metales en los habitantes de la zona y en 1999, un conjunto de pobladores, apoyados por la Fiscalía del Medio Ambiente – contactada a través de Serpaj – interpusieron una demanda por daño ambiental contra la empresa PROMEL y de indemnización de perjuicios contra el Servicio de Salud de Arica. El año 2007 la Corte Suprema confirmó la sentencia que reconocía el daño moral y de salud de los demandantes, estableciendo que el Servicio de Salud de Arica no adoptó ninguna medida de seguridad para proteger a la población de los desechos tóxicos. Se determinó que el Estado de Chile debía pagar $8.000.000 a 356 vecinos.

De acuerdo a lo señalado por los Relatores Especiales de la ONU, más de 20 años después, aún no se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental, las medidas ordenadas por los tribunales chilenos no se han cumplido, los términos de la Ley 20.590 tampoco se han cumplido y la contaminación ambiental todavía está presente. Además, el Estado chileno no ha puesto a disposición ni especialistas en toxicología, ni trabajadores de la salud para que brinden un tratamiento adecuado a quienes lo necesitan y no se realizan monitoreos sistemáticos de la condición médica de los actuales y anteriores residentes. Asimismo, el Gobierno ha realizado escasas muestras biológicas en residentes para detectar la presencia de cromo, mercurio o cadmio en el cuerpo.

El documento identifica varias enfermedades y problemas de salud en la población afectada como diversos tipos de cáncer, dolores en articulaciones y huesos, problemas respiratorios, alergias, anemia, problemas durante el embarazo con altas tasas de aborto involuntario, trastornos neurológicos, hidrocefalia, entre otros, y muchos vecinos continúan padeciendo enfermedades vinculadas a estos hechos. Se estima que unas 12.000 personas se han visto afectadas y además muchos han perdido la vida debido a sus afecciones médicas.

Si bien algunas personas han sido reubicadas, muchas otras continúan viviendo allí ya que las casas vacías fueron ocupadas por chilenos, personas pertenecientes a los pueblos originarios, personas migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo entre ellos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, ancianos, personas con problemas de salud y personas con discapacidad, la mayoría en condiciones socioeconómicas por debajo de la línea de la pobreza, sin ninguna protección estatal contra los peligros circundantes y expuestas a los desechos tóxicos.

Serpaj Chile manifiesta su preocupación e indignación frente a la continua violación a los derechos humanos que han sufrido ariqueños y ariqueñas durante décadas por motivo de los residuos tóxicos vertidos en 1984.

Como indica el informe, acciones y omisiones como las relatadas anteriormente representan graves vulneraciones al derecho a la vida, al más alto nivel posible de salud, al acceso a la información, al agua potable, a una vivienda adecuada, al acceso a la justicia y a un medio ambiente seguro y saludable.

También exigimos a los Gobiernos de Chile y Suecia el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y especialmente lo referido a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificados por Chile en 1990.

Se debe respetar y garantizar el derecho inherente a la vida de todo niño y niña, garantizando en la mayor medida posible, su supervivencia y su desarrollo. Además, los Estados deben tomar todas las medidas efectivas y apropiadas para disminuir la mortalidad infantil y en la niñez.

Garantizar el derecho del niño y la niña al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, asegurando la provisión de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, niñas y adolescentes.

Además, los Estados deben regular y monitorear el impacto ambiental de las actividades comerciales que puedan comprometer el derecho del niño y la niña a la salud, manteniendo información desagregada para comprender eventos específicos en la realización del impacto de acciones particulares en varios grupos.

Rechazamos la falta de cooperación y lo declarado por los Gobiernos de Chile y Suecia, los que no se hacen cargo del retiro de los residuos junto con la denegación de justicia ambiental.

Como Servicio de Paz y Justicia, Serpaj Chile nos sumamos al llamamiento de los relatores y exigimos soluciones de manera urgente que protejan los derechos a la vida y a la salud física y mental, al derecho a una vivienda adecuada, al agua potable y al saneamiento de las comunidades afectadas. También que se garantice el acceso efectivo a la justicia y reparación del daño a las personas afectadas por residuos tóxicos, incluyendo a residentes anteriores y actuales por el daño sufrido, como el cuidado y atención a la salud adecuados, reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna.

Junio 2021

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