Desde la Patagonia chilena, región de Aysén, Milton Mancilla, secretario de la Agrupación de ex presos y torturados políticos “José Felmer Klenner”, desmintió el supuesto acuerdo al que se había llegado entre los huelguistas a nivel nacional y el gobierno.
El también vocero de los huelguistas en la región, manifestó que lo descrito en un artículo del diario electrónico La Tercera no es cierto: “nos han informado que en el diario electrónico La Tercera estaba saliendo que se va a levantar la huelga el lunes al medio día, pero lo cual no es efectivo porque todavía no hay ningún acuerdo. Hemos estado en contacto con los dirigentes nacionales y no hay acuerdo todavía, así que solamente fue alguien que informó mal.”
Según Reinaldo Calixto, presidente de dicha agrupación, la huelga nació en Rancagua el pasado mes de enero y se levantó cuando en mesa de diálogo el gobierno de Michele Bachelet adquirió acuerdos que no cumplió con los manifestantes; por ello el 13 de abril,en la misma ciudad se retomó la manifestación: “de febrero acordamos que si no había solución de parte del gobierno íbamos a extremar nuestras medidas y lo que es ahora, la huelga de hambre que nuestros compañeros a nivel de país hay más de 170 personas que están sufriendo lo que significa hacer una huelga de hambre solamente con líquido” agregó Calixto.
Las 14 regiones del país cuentan hoy con huelguistas, muchos de ellos con más de 75 años de edad. Es así como en Coyhaique tres ex presos y torturados políticos también se sumaron a las acciones desde el 4 de mayo para presionar al Estado en demandas puntuales tales como el acceso de todas y todos a pensiones dignas, puesto que muchos de ellos reciben montos muy por debajo del salario mínimo.
Así mismo, exigen mejoras institucionales para la obtención efectiva de los beneficios establecidos en el Programa de Reparación y Atención Integral de la Salud (PRAIS). “Nosotros no tenemos acceso a muchos beneficios porque los fondos que entregan para la reparación y la salud es mínima, incluso nosotros no estamos dentro del servicio de salud, estamos por fuera. Entonces quisiéramos que esa ley se mejore también, que tenga cobertura completa para los compañeros que están enfermos.” Reinaldo Calixto agregó que la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no cumplir los acuerdos de reparación, y en consecuencia, el 5 de mayo del 2015 dicha Comisión notificó oficialmente al gobierno Bachelet el inicio de procedimientos donde además el Estado de Chile tiene el plazo de tres meses para contestar y levantar observaciones ante dicha denuncia.
Escucha la nota de radio que se emitió para América Latina a través de ALER en su programa Contacto Sur:
