Confirmando el anuncio realizado en enero del presente año por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados, el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de una mujer detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de la política criminal de represión y de violaciones a los derechos humanos desatada por la dictadura militar contra el pueblo chileno entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

A la ceremonia, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, asistieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Rios; el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, autoridades y agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y familiares de los homenajeados.

El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados, considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos.

“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro en cuanto a que toda vulneración a estos derechos genera un deber de reparación, el que indiscutidamente debe ser integral.

“De este modo, la reparación en esta materia no se agota en la determinación de una responsabilidad penal determinada o de una indemnización pecuniaria específica. También existen acciones concretas de otro orden que, ejercidas dentro de las competencias legalmente establecidas, permiten realzar la importancia de respetar y garantizar valores imprescindibles para toda persona y sociedad, del que fueron desarraigados quienes hoy reconocemos como abogadas y abogados.”, dijo el ministro Fuentes Belmar.

Agregó: “Puedo señalar, en virtud de lo mandatado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia. El aporte del Poder Judicial en este ámbito no solo se expresa en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales; también desde nuestras funciones no jurisdiccionales existen posibilidades de acción que suman a una reparación integral. Entre ellas, justamente se encuentra la realización de conmemoraciones y homenajes que evoquen las vidas e historias de las víctimas que vieron truncada su posibilidad de titulación por lamentables hechos atentatorios a las reglas básicas de convivencia.

“Esta comprensión de la justicia como un proceso integral es precisamente lo que nos convoca el día de hoy a realizar este acto que, además de su carácter extraordinario, especial y trascendente, es también emotivo.”

Las víctimas

Cecilia Gabriela Castro Salvadores, de 23 años de edad, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el 17 de noviembre de 1974 fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su domicilio ubicado en calle Cano y Aponte N° 1080, departamento A, comuna de Providencia. Fue detenida junto a su marido Juan Carlos Rodríguez Araya (también detenido desaparecido) y trasladados al recinto de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, comuna de ‘uñoa. En días posteriores, Cecilia Castro fue trasladada al recinto de Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez en diciembre de 1974. Su marido habría resultado muerto en las torturas poco después de su detención, pero permanece desaparecido hasta hoy.

En ambos recintos de detención la joven Cecilia Castro fue sometida a torturas por agentes de la DINA y luego hecha desparecer para incluirla en la nefasta maniobra Operación Colombo.

Este caso fue investigado por el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse, en la arista conocida como “Operación Colombo Francisco Aedo y otros”, y el 30 de mayo de 2017 condenó a decenas de ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de Cecilia Castro Salvadores y otros 15 detenidos desaparecidos víctimas de la mencionada Operación Colombo a penas que iban desde los 20 años hasta los 13 años. Sentencia que fue rebajada sustancialmente por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de noviembre de 2020, reduciendo las condenas de 20 a 4 años y de 13 a 4 años, así como reduciendo de manera significativa la cantidad de condenados, cuestión que motivó la presentación de un recurso de casación por los querellantes, trámite que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, de 26 años de edad, era dirigente gremial de Hospital San Borja Arriarán y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 15 de julio de 1974 en la calle Borgoño al llegar a Independencia y recluido en el recinto clandestino ubicado en Londres N° 38, comuna de Santiago donde fue sometido a torturas y visto por última vez.

En la investigación por el secuestro calificado de Germán Moreno Fuenzalida el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a ex agentes de la DINA el 22 de julio de 2015 y el 8 de agosto de 2017 se dictó la sentencia por la Corte Suprema.

Patricio Munita Castillo, de 22 años de edad, era militante del MIR, fue detenido el 13 diciembre de 1973 en un operativo realizado por miembros del Ejército vestidos de civil y Carabineros de Chile en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de Santiago, donde había buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar junto al dirigente Bautista Van Schouwen. Al día siguiente -14 de diciembre de 1973- los cuerpos de ambos detenidos, Munita y Van Schouwen, son descubiertos en la vía pública con múltiples heridas a bala recibidas por la espalda.

El 11 de abril de 2017 el ministro en visita Mario Carroza Espinosa dictó sentencia de primera instancia y condenó a un ex oficial del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio de Munita Castillo. Fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de octubre de 2019 y el recurso de casación pendiente en la Corte Suprema.

Juan Ramón Soto Cerda, de 30 años de edad, militante del Partido Socialista apareció calcinado al interior de un vehículo, junto a otras tres personas, en un camino en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, el 11 de noviembre de 1981. Las otras tres personas eran los militantes del MIR Luis Pantaleón Pincheira Llanos, Jaime Alfonso Cuevas Cuevas y Luis Nelson Araneda Loayza, los que habían sido detenidos en octubre del mismo año en la comuna de Talca y habían permanecido secuestradas y siendo flageladas en el cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Soto Cerda fue detenido en horas previas a la ejecución del asesinato; los agentes de la CNI montaron el escenario y simularon un falso enfrentamiento para intentar encubrir el crimen; el vehículo con su carga macabra apareció en las inmediaciones de la casa del entonces ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura René Rojas Galdames.

El 29 de enero de 2010 el ministro en visita Joaquín Billard Acuña dictó sentencia de primera instancia contra agentes de la CNI por los homicidios de Juan Soto Cerda y las otras tres personas; fallo que fue confirmado por la Corte Suprema el 18 de diciembre de 2012 condenando a cuatro agentes del extinto organismo represivo.

Marco Orlando Letelier del Solar, de 44 años de edad, era militante del Partido Socialista, ex ministro del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Washington DC (Estados Unidos) permaneció detenido entre septiembre de 1973 y 1974 en el regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1974 salió exiliado hacia Venezuela y el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en un atentado terrorista con bomba organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.

El ministro en visita de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra el 12 de noviembre de 1993 condenó a ex agentes de la DINA por el homicidio de Orlando Letelier del Solar, sentencia que fue confirmada el 29 de mayo de 1995 por la Corte Suprema. 

Fuente: Resumen.cl – Darío Nuñez