De los 25 mil nuevos empleos para el sector, solo se han alcanzado 9.157, una cifra muy por debajo de la meta propuesta y que ahora se ve aún más lejos en este contexto de pandemia Covid-19.
Este mes se cumplen tres años del inicio de la tan anhelada y comentada Ley 21.015 de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PcD). Pero el balance no es del todo positivo.
Varias empresas de nuestro país han aprovechado esta ley para realizar grandes avances en materia de diversidad e inclusión, iniciando un próspero camino de transformación cultural en sus organizaciones, pero lamentablemente no todas ellas, lo han elegido así.
Según cifras de la Dirección del Trabajo (DT) a fines del 2020, de los 25 mil nuevos empleos para el sector, solo se han alcanzado 9.157, una cifra muy por debajo de la meta propuesta y que ahora se ve aún más lejos en este contexto de pandemia Covid -19, que además de ser una crisis sanitaria importante, trajo consigo una crisis social y económica.
En el caso del sector privado, según la DT, solo un 24% de las empresas que debieran cumplir, han acatado con esta ley. Pareciera ser muy desalentador pero aún así, sigue siendo un mejor nivel de cumplimiento que el del sector público.
La ley establece que los organismos y servicios públicos reporten a la Dirección Nacional del Servicio Civil (SC) y al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) información relativa al cumplimiento. Pero según el análisis jurídico que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en octubre del 2020, se refleja que además de solo existir registros disponibles del primer año de implementación de la ley en el sector público, al ser consultados por Transparencia, el SC denegó la solicitud por no disponer de la información solicitada.
A la fecha, solo sabemos que durante el 2018, de los 266 Servicios Públicos de Administración del Estado, un 97% de ellos reportaron, dando a conocer que solamente 34 servicios cumplen la normativa descrita por la ley. De las demás Instituciones del Estado que debían reportar la información, correspondiente a 400 instituciones entre Municipalidades, Gobiernos Regionales, organismos autónomos y otros, solo un 54% de estos organismos reportó información al SC, arrojando que también solo 34 instituciones acatan la ley.
Con respecto a esto, María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, señala: “Desde la implementación de esta ley, hemos solicitado al Gobierno que entregue cifras y reportes respecto a lo que sucede en el sector público, pero sólo el foco ha estado puesto en las empresas, algo que no es malo al contrario, pero… ¿No debieran ellos dar el ejemplo?”
Así mismo, la OIT concluye en su análisis que los mecanismos de transparencia que generó la ley han sido insuficientes y no han cumplido sus objetivos, como también señalan que la DT, el SC, Senadis y la Contraloría General de la República (CGR) han tenido un rol insuficiente o inexistente en el control y fiscalización de la ley.
“Somos testigos de la escasa o nula fiscalización y la errada tipificación de multas de la DT en el caso del sector privado, se vuelve una gran puerta de salida para el no cumplimiento de esta ley” enfatiza Escudero.
También, la OIT se refiere en su balance, que en el sector privado, la ley exhibe una tasa positiva de cumplimiento, pero no de mayor inclusión. El mayor porcentaje de personas adjudicadas a la cuota de contratación corresponden a personas que fueron contratadas con anterioridad a la vigencia de la ley. Este fenómeno indica que existe un espacio real para explorar el incremento gradual de la cuota.
Con respecto a esto, Escudero concluye: “Estamos convencidos que para que nuestro país realmente incluya socio laboralmente a PcD en igualdad de oportunidades y condiciones en nuestra sociedad, debemos ir más allá del cumplimiento de la ley, dejar de ver a las personas como un número. Es por esta razón, que creemos muy necesario que el Estado, empresas y sociedad civil colaboremos para disminuir las brechas educacionales existentes, de género, en el acceso universal, entre otras tantas barreras, que afectan grandemente a esta comunidad en su autonomía e independencia”.
“El próximo paso para esta ley, no tiene relación con aumentar el porcentaje de cuota, sino más bien, que se exijan los procesos de intermediación laboral para estas contrataciones, para que de esta forma, aseguremos que las inclusiones laborales que se realicen sean realmente efectivas y perduren en el tiempo, resguardando los derechos de las PcD, como también que ese colaborador o colaboradora, sea un aporte para esa organización y su entorno”, finaliza.
Texto e imagen extraídos de: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/04/04/a-tres-anos-de-la-promulgacion-de-la-ley-de-inclusion-aun-estamos-muy-al-debe-con-las-personas-con-discapacidad/
