El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centro de tortura y represión durante la dictadura militar. Con esta acción, el gobierno termina de completar el compromiso del Plan Nacional de Derechos Humanos de contar con al menos un sitio de memoria en cada región.
“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura”.
Esas fueron parte de las declaraciones entregadas por el ministro de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, luego de que la tarde de este miércoles, en una sesión extraordinaria celebrada en el Salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) discutiera y aprobara por unanimidad una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete sitios de memoria utilizados como centro de tortura y represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Una decisión que llega en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que se cumple el próximo 11 de septiembre y donde el gobierno ha diseñado una agenda de hitos a desarrollar durante 2023 para “abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad”.
Pese a que las solicitudes para los monumentos cuentan con más de un año de antiguedad “en todas ellas la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del CMN realizó un trabajo muy detallado y preciso, con visitas técnicas a terreno y conversaciones con las agrupaciones de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a la mayor velocidad que fue posible. Esto, con el propósito de cumplir el compromiso del Estado de proteger al menos un Sitio de Memoria en cada región como Monumento Histórico, de modo de conseguir su preservación como una forma de contribución a la protección, promoción y educación de los derechos humanos”, dijo la subsecretaria de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Pérez, quien además preside el Consejo de Monumentos Nacionales.
En esta instancia, a cargo del CMN, se aprobó la protección estatal sitios de memoria manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas. Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de contar con al menos un sitio de memoria en cada región: Arica y Parinacota, con la ex Cárcel de Arica; Atacama, con el Regimiento N°23 de Copiapó, y Ñuble, con el Memorial Puente El Ala.
Los otros sitios son el recinto de la CNI en Talca, la fosa del Cementerio de La Serena y el Campo de Prisioneros de Pisagua. La Comisaría de Ancud, que ya es Monumento Histórico, vio ampliados sus valores para reconocer su condición de Sitio de Memoria, dado el uso del inmueble como centro de detención para los prisioneros políticos de la provincia.
“Esta sesión es un logro significativo”, dijo Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria. “Estamos convencidos de que los sitios de memoria son uno de los ejes para las garantías de no repetición, y por lo tanto se deben fortalecer de Arica a Punta Arenas. Hoy aumentamos un buen porcentaje, por lo tanto celebramos este hito y compromiso”.
Una idea a la que el ministro de las Culturas se suma. Esto ya que para la autoridad al convertir estos sitios en monumentos se les entrega protección legal del Estado que “permite que estos recintos no sean destruidos o alterados. El objetivo es que se mantengan como espacios de reparación simbólica; esto no sólo porque reivindican la memoria de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que también porque son espacios de educación para futuras generaciones”.
Fuente: La Tercera
