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SERPAJ Chile analiza los avances y desafíos en materia de infancia con motivo del mes conmemorativo del Día de la Niñez

El 11 de agosto se conmemoró un nuevo Día del Niño y de la Niña en el país, hito que invita a preguntarse: ¿Qué ha hecho el Estado de Chile para resguardar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los últimos años? La respuesta no es alentadora, si bien se han presentado algunos avances, aún queda mucho por hacer.

Hace 29 años Chile ratificó la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que garanticen el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior, significa que el Estado chileno reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, razón por la cual se compromete a adecuar su ordenamiento jurídico interno para que puedan ejercer sus derechos en plenitud.

Ahora bien, transcurridos casi 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y considerando los significativos avances, existen nudos críticos que han impedido la promulgación de una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que junto con hacerse cargo de aquellos que son víctimas de explotación, abuso o maltrato, también contemple medidas que aseguren el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la salud, la educación, la protección social y la vivienda.

Avances legislativos: ¿Cuál es el estado de la protección de los Derechos de la Niñez en Chile?

Una de las grandes críticas que se hace al Estado Chileno es la reactividad que ha demostrado históricamente cuando se trata de garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, en las últimas décadas las políticas públicas para asegurar la protección dela niñez han surgido con el objetivo de responder a vulneraciones de distinta naturaleza. Es decir, hoy la institucionalidad de la niñez tiene su foco en la protección especial a niños, niñas y a adolescentes con alta vulneración de sus derechos por medio del Servicio Nacional de Menores.

En ese sentido, en los últimos años la agenda legislativa de infancia ha intentado avanzar en la búsqueda de un Sistema de Protección Integral de Derechos de la Infancia que responda al mandato constitucional de garantizar el respeto, la promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia: aprobando entre 2014 y 2018 una serie de leyes tendientes a cumplir con este objetivo.

En virtud de lo anterior, en el año 2018 se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez: un órgano autónomo que vela por la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile.

Luego, a través de la Ley Nº 21.090 se dio vida a la Subsecretaría de la Niñez, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que debe velar por los derechos de los niños, asesorar al Presidente de la República en materias de protección integral de sus derechos-incluyendo planes de acción-, promover el fortalecimiento de la participación de los niños en todos los ámbitos que sean de su interés y desarrollar estudios e investigaciones sobre la niñez, entre otros.

Asimismo, y con el objetivo de proteger la infancia, se promulgó este año la Ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes: la normativa introduce un nuevo artículo en el Código Penal que garantiza a las víctimas el poder ejercer las acciones tendientes a llevar ante la justicia los hechos que afecten la integridad de los menores de edad, sin estar limitadas por plazos de tiempo para perseguir a los agresores.

Además, se aprobó la Ley Nº 21.057 que regula las entrevistas grabadas en video, legislación que previene la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales durante intervención en las diferentes etapas del proceso penal.

De igual manera, se tipificó el delito de maltrato infantil y de personas en situación especial, publicada el año 2017 con el objeto de sancionar a quien maltrate a un niño, niña o adolescente, considerando como agravante la existencia de un deber especial de cuidado del agresor sobre la víctima.

De los desafíos: ¿Qué proyectos de ley están en tramitación y qué queda por hacer?

En Chile aún existen numerosos derechos de los niños, niñas y adolescentes que no están siendo resguardados por el Estado, así lo manifestó Alejandra Nielsen, Asesora Técnica en Educación de la Unidad de Infancia y Derechos de SERPAJ Chile: “Como Estado parte y país que ratificó la CDN hace ya 30 años, no ha sido garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto hoy la protección especial está cuestionada y en crisis, no solo por su financiamiento que es insuficiente, sino porque carece de un sistema que garantice los derechos consagrados en la convención durante toda la trayectoria de vida de los mismos. Lo anterior, porque se trata de un sistema de alerta temprana preventiva, y además por la actuación del Estado frente a las graves vulneraciones que han sufrido miles de niños, niñas y adolescentes”.

Esa deuda del Estado con la niñez, se debe en gran parte a la ausencia de una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, pero también a los obstáculos que otras legislaciones han encontrado en el Parlamento. Actualmente hay al menos 5 proyectos de ley en tramitación: impidiendo avanzar en la construcción y fortalecimiento de un sistema garante que reconozca en los niños, niñas y adolescentes el que son sujetos de derecho.

De hecho, el Sistema de Garantías de los Derechos de las Niñez fue presentado el año 2015 y actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional en la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del Senado. Esta iniciativa se presenta con el propósito de crear un “sistema coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales, orientados a asegurar la efectividad de los derechos de los niños” (Mensaje Garantías, 2015).

Además, este sistema permitiría establecer a la familia, la sociedad y el propio Estado, como los principales obligados a respetar, promocionar y proteger los derechos de NNA. Asimismo, desarrollaría un catálogo de derechos, crearía un Sistema de Protección Administrativa y Judicial, mediante el cual se redistribuyen competencias, dotando al Ministerio de Desarrollo Social de facultades para adoptar medidas de protección.

En la misma línea, se planteó la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que modifica la Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal de adolescentes y que fue presentado el año 2017, pero que aún se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en primer trámite. Ha mantenido su tramitación legislativa durante el año 2018, pese a que el Ejecutivo le asignó suma urgencia.

Es importante destacar, que la iniciativa pretende crear un servicio responsable de administrar y ejecutar las medidas de la Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente, junto con la implementación de políticas intersectoriales y el desarrollo de programas para la integración de los jóvenes infractores.

De las críticas que se realizan al Estado en cuanto a vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la más común dice relación con la no asignación de presupuestos públicos que permitan de manera efectiva y plena, asegurar la institucionalidad de los organismos creados para esta labor. En ese sentido, el proyecto presentado el año 2018 que modifica la Ley Nº 20.032 y que busca generar un aumento del monto máximo de subvención de los Organismos Colaboradores del SENAME, no debería seguir en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa tiene como fundamento el hacerse cargo del déficit histórico que la sociedad tiene con los niños, niñas y adolescentes más vulnerados del país. Así también, persigue la constitución, junto a la sociedad civil, de un nuevo sistema que acompañe, proteja y promueva el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Propuestas y compromisos: La importancia de la promulgación de una Ley Integral de la Infancia

El año 2014 SERPAJ Chile organizó la campaña: ¿Cuál es el Chile que soñamos?, con el objetivo que la voz de los niños, niñas y adolescentes de todo Chile esté presente dentro de la próxima Ley Integral de la Infancia.

libroEn septiembre de ese año comenzó la travesía del “Libro de la Paz”, que viajó desde Arica hasta Aysén, recorriendo cada rincón del país, permitiendo que los niños, niñas y adolescentes pudieran plasmar en el papel un deseo, inquietud o pensamiento para hacerlo llegar a quienes serían los responsables de redactar la ley que aseguraría el resguardo, respeto y reconocimiento de sus derechos.

En dicha oportunidad, SERPAJ Chile hizo entrega del “Libro de la Paz” al Consejo Nacional de Infancia, un hito simbólico que dejó de manifiesto la importancia de considerar o incluir en el debate sobre una Ley Integral de la Infancia a sus principales actores: los niños, niñas y adolescentes de Chile.

Asimismo, el año 2014 SERPAJ Chile participó del Comité Técnico Intersectorial, Mesas Técnicas y Diálogos Ciudadanos con el objetivo de aportar en la generación de un documento, una hoja de ruta de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia: Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia para los años 2015-2025.

Todos los esfuerzos anteriores, con el afán de alcanzar el objetivo primordial: que el Estado de Chile respete y cumpla los compromisos aceptados al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y abandone de manera definitiva las políticas públicas reactivas que solo permiten responder antes vulneraciones ya ocurridas, dejando un margen nulo a la posibilidad de acción y en gran parte de los casos la no restitución de los derechos vulnerados.

Para los representantes de SERPAJ Chile, hoy es imposible hablar de políticas de protección de derechos: “Para ello es necesario generar un Sistema de Garantías de Derechos, esto implica que el Estado sea garante frente a la protección universal, protección especial y administrativa, esto con el fin de asegurar que tomará todas las medidas de carácter legal, proteccional y preventivo frente a principios fundamentales como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la no discriminación y la participación e incidencia”.

Es decir, se hace evidente la necesidad, pero sobre todo la urgencia, de contar con una Ley Integral de la Infancia que responda a la obligación de Chile como adherente a la Convención de los Derechos del Niño, así como al compromiso moral que tienen los Estados de proteger a sus NNA. Debe ser prioridad esta ley, ya que entregará un marco legal que impondrá al Estado la obligación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero con una institucionalidad que faculte la toma de acciones no solo de reparación de vulneraciones, sino que de prevención y promoción, como siempre debió ser.