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SENTENCIAS EJEMPLIFICADORAS EN DELITOS DE VIOLACIÓN Y SANCIÓN AL CLIENTE EN CONTEXTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA).

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Occidente RM apeló a la figura del “intercambio” y aprovechamiento de la desprotección y vulnerabilidad de niñas menores de edad víctimas de violación durante todo el proceso, lo que se vio reflejado en la decisión de los jueces al momento de declarar sentencia.

Una exhaustiva investigación se llevó a cabo en el caso denominado “Foco Lo Prado”, comuna que fue testigo de los delitos de violación que sufrieron tres niñas menores de edad entre los años 2015 y 2017, siendo intersectadas en reiteradas ocasiones por tres agresores sexuales de 46, 47 y 62 años de edad correspondientemente. El proceso se inició con la denuncia realizada en el mes de enero del 2017, finalizando con el juicio oral en marzo del 2019, y dictándose sentencia en abril del presente, a las cuales, la Defensoría decidió no apelar, quedando ratificadas las condenas.

En la apertura de los alegatos, la consideración Undécima de la sentencia, manifiesta un común denominador y refuerza la hipótesis de la Fiscal Paola Zarate, de encuadrar los actos delictivos en el contexto de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), dado que “cada uno de los hechos contenidos en la acusación, dice relación con el ofrecimiento, por parte de los acusados, de dinero u otros bienes, como droga o alimentos, a cambio de una interacción de naturaleza sexual con las niñas, las que se engloban dentro de la situación de vulnerabilidad de las niñas quienes acceden a “esa acción de intercambio.”

Si bien, el Código Penal del año 1874, habla de “prostitución infantil” para los delitos sexuales provocados a personas mayores de 14 años, y de violación para personas menores a este rango etario, lo que hace de este caso una particularidad es corroborar el contexto de ESCNNA, ya que en los hechos consumados, no existe una voluntad y consentimiento de sus víctimas, por el contrario, y tal como se expresa en la sentencia “se crea una falsa idea que la niña y el niño ha sido compensado por la relación sexual. De esta manera no hay consentimiento, hay una apariencia del mismo; se responsabiliza al niño de estas conductas erróneamente se afirma que el niño o niña “sabe que lo que hace” y también se habla por los explotadores y clientes bajo la referencia “no la obligué””.

 

Para establecer esta hipótesis, y al no encontrarse la ESCNNA tipificada como delito, la Fiscal Zarate, se basa en estudios relacionados que refieren al contexto vulnerable que incrementa estos delitos, tales como, consumo de alcohol y drogas, situaciones de violencia intrafamiliar, la deserción escolar, vínculos afectivos débiles, abandono parental, entre otros . A su vez, que invoca a Tratados, Convenciones y Acuerdos internacionales de protección de derechos de las/os niñas/os que han sido adscritos por el Estado chileno, y que fueron acogidos por los magistrados que presidieron el juicio. Por lo tanto, tal como señala la Fiscal “los hechos descritos no son cualquier violación y tampoco es cualquier sentencia, sino que agrava el delito de violación y sanción al cliente en contexto de ESCNNA previstos en los artículos 362 y 367 ter respectivamente del Código penal”.

Una vez revisadas las pruebas, el 1º Tribunal De Juicio Oral En Lo Penal De Santiago declaró sentencia ratificando los delitos de violación a menores y sanción al cliente condenando a:

– Jorge Emilio Jiménez Díaz, a 12 años de presidio mayor en su grado medio por dos delitos de violación en contexto ESCNNA, a pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo como autor de un delito consumado de sanción al cliente en contexto (ESCNNA).

– Guillermo Jesús Bravo Elgueta, ya como autor de un delito consumado de violación a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y por el delito consumado de sanción al cliente en contexto (ESCNNA), a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.

– Juan Manuel Urrejola Miranda, ya individualizado, como autor de un delito consumado de sanción al cliente en contexto (ESCNNA) a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

Los tres imputados, son además condenados a las “penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure el tiempo de sus condenas, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad”.

Luego de los antecedentes expuestos, cabe responder a la pregunta ¿Cuáles fueron los principales factores que hacen de este caso un proceso judicial ejemplificador?. Son tres los factores, que a nuestro parecer,  resuelven esta interrogante:

1)Comprensión por parte de la Fiscalía y el Tribunal Oral en lo Penal del fenómeno de la ESCNNA al profundizar sobre el ilícito del “intercambio”, y relevando el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.; 2)Proceso respetuoso y reparatorio desde lo jurídico, al considerar a las niñas como víctimas y sujetos de derecho, teniendo como premisa la veracidad de sus relatos y el cuidado en los mecanismos utilizados para realizar las entrevistas, tanto en el proceso de investigación como en el juicio oral, resguardando en todo momento el bienestar e integridad de las víctimas; 3) Trabajo colaborativo entre las distintas instituciones y organismos involucrados, refiérase a programas proteccionales (ONG Raices, Programa Multisistémico de Lo Prado, Cread Pudahuel, entre otros.), Unidad de Carabineros de la 35 Comisaría de Delitos Sexuales comuna de Providencia, Servicio Médico Legal, LABOCAR, Périto del Hospital José Horwitz Barack, y Ministerio Público, quienes a partir de sus testimonios y pericias aportaron información relevante para esclarecer los hechos y velar por los testimonios de las víctimas.

Lo que se suma, a la destacable  comprensión que mostraron los jueces Christian Alfaro Muirhead, Paulina Soledad Andrés Miranda y María Isabel Pantoja Merino, al considerar la gravedad de los hechos y reconocer la ESCNNA como una extrema vulneración de derechos.

 Realizamos un enfático llamado a la ciudadania para denunciar la explotación sexual comercial y los delitos sexuales cometidos a nuestros niños y niñas, a través de las distintas instancias que resguardan y protegen sus derechos, pues hemos dado cuenta con este caso, que un procedimiento eficaz, colaborativo, respetuoso y transparente, que releva el contexto de vulnerabilidad de sus víctimas resulta en condenas ejemplificadoras para sus agresores.

Denisse Araya  Castelli                                                 Patricia Grundstrong Llorens

Directora    Ejecutiva                                           Encargada de Comunicaciones