Karen Zelaya
Periodista

A juicio del economista uruguayo Alberto Couriel, estamos viviendo en el continente una “etapa política excepcional”(1) por la instalación de los llamados gobiernos progresistas en América Latina.

Para entender desde una perspectiva crítica la intervención de estos gobiernos en el contexto regional, hay que tener a la vista tres elementos: paradigmas políticos, políticas sociales y relación estado-sociedad civil.

Del primer elemento –paradigmas políticos-, gran trascendencia tiene el denominado paradigma post neoliberal, un nuevo estado social en construcción derivado de la conformación de los gobiernos progresistas.

CONSECUENCIAS DE LA INSTAURACIÓN DE LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS

El término progresista aplicado a un gobierno surge en contraposición a las políticas neoliberales, en una clara búsqueda de la disminución de las desigualdades sobre todo en lo que se refiere a la distribución de la renta y la inclusión social, con un fuerte énfasis hacia el campo de lo laboral, en el fortalecimiento de una positiva situación para los trabajadores(2). Se identifican en el progresismo por tanto a los gobiernos de izquierda o a los que, sin serlo, se orientan a mejorar las condiciones de los trabajadores a nivel individual y colectivo.

La consolidación del progresismo ha traído consigo una serie de consecuencias englobadas en lo que podríamos llamar crisis de la institucionalidad: caudillismo, pérdida de credibilidad del parlamento y otras instituciones de la sociedad civil relacionadas principalmente con ejercicio de derechos y nacimiento de nuevos liderazgos.

Esta crisis nos lleva al segundo paradigma político: pérdida de la institucionalidad.

A juicio de la coordinadora latinoamericana de Serpaj Ana Juanche, hablamos de pérdida de la institucionalidad desde la perspectiva crítica del movimiento social cuando la crisis de institucionalidad se presenta en aquellas instituciones de la sociedad civil vinculadas a ejercicio de derechos(3). Esta posibilidad puede generar la destrucción de la institucionalidad que se trate.

La aplicación de este paradigma ha preocupado sobre todo a la institucionalidad del mundo del trabajo –léase centrales sindicales, etc.-, puesto que en este caso hay que agregar el hecho de que el capital “ya no tiene rostro”(4) en la concepción de mercado objetivo mundial, o mejor dicho desde el surgimiento de las transnacionales.

Se suma a ello un modelo económico, político y social mundial y las nuevas formas de precarización del trabajo.
Se centra la preocupación de la aplicación del paradigma en el ámbito laboral porque las viejas formas de organización y la cuestión social están fuertemente hermanadas a él: las prestaciones sociales –primeras banderas de lucha social- están asociadas al trabajo; además, en América Latina el 63% de la fuerza laboral se coliga a formas precarias del mismo(5).

Como veremos, la orientación hacia el mundo del trabajo es de suma importancia en tanto que las políticas sociales requieren de dos factores, a saber: redes sociales de integración y proximidad y trabajo.

POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD

Al hablar de políticas sociales inevitablemente aparecen dos conceptos claves para entender la lógica de acción de los gobiernos progresistas: vulnerabilidad y exclusión. Si falta el factor trabajo, hay vulnerabilidad; si faltan el trabajo y las redes sociales de integración y proximidad, hay exclusión.

Las políticas sociales funcionan en la lógica de la vulnerabilidad, lo que da cuenta de a su vez de un modelo en una zona de asistencia, con todo el discurso de ataque y erradicación de la pobreza. Las políticas sociales focalizadas no consideran la intervención en el área de la exclusión.

El trabajo en este contexto es un “condensador de estatus de clase”(6), un aspecto simbólico.

Podemos observar que la pobreza en América Latina no ha aumentado. Mas lo que se podría considerar como una noticia positiva esconde una realidad importante de considerar: la pobreza se mantiene en determinados índices simplemente porque los estados subsidian a los pobres. Y en Latinoamérica, ya son diez años de aplicación de estas políticas focalizadas, como lo señala el último informe Cepal.

Ana Juanche señala que ante este escenario “existe la necesidad de pensar insumos que promuevan un cambio radical en la pobreza, para llegar a un sistema social de equidad”(7).

Un ejemplo claro de esta necesidad es el hecho de que ninguna plataforma política considera una reforma agraria, en un continente donde la concentración de la tenencia de la tierra es el factor principal de la pobreza.

Entonces ¿Hacia dónde debe ir la intervención social? Para encontrar una respuesta a esta pregunta es importante tener a la vista cuál es la relación que existe entre el estado y la sociedad civil.

MOVIMIENTO SOCIAL

Al parecer estamos en presencia de una “militarización blanda de las políticas sociales”(8). Esto significa que existen porque son una responsabilidad social, pero en una dimensión muy distinta a la que originalmente manejaban puesto que como resultado nos pre-formatean en capacidad de respuesta, resistencia y proyecciones al futuro.

Así los estados entran en crisis pues no pueden responder a las viejas demandas pero sí a nuevas peticiones, principalmente en lo que refiere a la criminalización en los sectores o áreas de la exclusión, léase callampas, favelas, etc.

Por este motivo Ana Juanche nos dice: “Si estamos interviniendo para disciplinar, para militarizar, es complicado el panorama. Si intervenimos para que la gente se proyecte en forma sistémica, no existe salida para América Latina”(9), aludiendo al caso de muchas organizaciones de la sociedad civil que pasaron de ser movimientos generadores de políticas sociales a convertirse en ejecutores de ellas.
La salida está finalmente en la resistencia, precisamente en esos fondos de criminalización castigados por los estados.

Cabe preguntarse: ¿Cómo participo en este nuevo contexto político, en esta era progresista?
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(1) COURIEL, Alberto: “Los desafíos de los gobiernos progresistas de América del Sur” [en línea], en: La República, (2009) [citado el 19 de enero de 2010], http://www.larepublica.com.uy/contratapa/351594-los-desafios-de-los-gobiernos-progresistas-de-america-del-sur

(2) ERMIDA URIARTE, Oscar: “La política laboral de los gobiernos progresistas” [en línea], en: Centre Tricontinental, noticias de los movimientos sociales del Sur (2009) [citado el 19 de enero de 2010], http://74.125.47.132/search?q=cache:m_dfhQWV-SoJ:www.cetri.be/spip.php%3Farticle1250+concepto+de+gobierno+progresista&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl&lr=lang_es

(3) JUANCHE, Ana: “Formatos de intervención y desafíos políticos: Mirada desde la perspectiva crítica y el movimiento social en la intervención en el contexto latinoamericano” (conferencia 1), en: Tercera Jornada Nacional De Lineamientos Técnicos Unidad De Infancia-Derechos Y Droga Serpaj Chile, Punta de Tralca, 2009.

(4) Ibíd., 2009.

(5) Ibíd., 2009.

(6) Ibíd., 2009.

(7) Ibíd., 2009.

(8) Ibíd., 2009.

(9) Ibíd., 2009.