De acuerdo a lo explicado por la Coordinadora Nacional de la Unidad de Infancia, Verónica Castro, “el Sistema de Referencia Técnica se está poniendo en marcha este año y tiene como objetivo asesorar técnicamente a los proyectos de Infancia y Derechos que están presentes en las regiones. Aunque es una iniciativa que está desde el año 2009,  este año ya tiene un soporte administrativo que nos va a permitir  poder consolidar un trabajo de asesorías y vinculación con los equipos, poder orientar y acompañar el trabajo que los equipos de proyectos desarrollan en las regiones de manera que vayan fortaleciendo sus prácticas interventivas, pero  en consonancia y en coherencia con la misión institucional”

En este sentido, detalló que durante la jornada capacitadora desarrollada en Valparaíso, “se trabajó en el contexto en el que se enmarca el Sistema de Referencia Técnica, que esta red de Referentes, que son 1 por región, trabajando en sus roles, sus funciones y tareas, los actores que participan de este sistema, el proceso que se debe llevar a cabo, y los instrumentos para poder desarrollar su trabajo en las regiones, lo que viene a fortalecer su trabajo en el sentido que se van con tareas claras, aún cuando restan algunos aspectos por definir, para lo cual ya se ha fijado una nueva instancia de reunión en junio próximo”.

Sobre esta capacitación, Liliana Zuleta, referente técnico de Antofagasta, comentó que “lo que se viene ahora es una gran tarea y un importante desafío y se refiere a cómo traspasar toda esta información y conocimientos a las regiones”, agregando que “es importante rescatar esta iniciativa de Serpaj, especialmente de la Unidad de Infancia”

Similar opinión tuvo Mariela Olguín, referente técnico de Valparaíso, quien destacó la metodología utilizada en esta capacitación.

“Me sorprende cómo ha ido creciendo la Institución y eso es muy positivo. Y lo más rescatable que este Sistema de Referentes Técnicos no es algo que baje desde la Dirección, sino que es algo que estamos construyendo entre todos. Esta iniciativa puede crear algunas incertidumbres que se deben ir resolviendo, pero aporta mucho ya que permite ajustar los contenidos a las realidades locales y refuerza que la clave es el trabajo en equipo. Es un tremendo desafío, pero es un bonito desafío”.

En lo sustantivo, el proyecto establece una inhabilidad perpetua para ejercer cargos u oficios que tengan directa relación con menores de edad, para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de 14 años. Cabe recordar que actualmente existe una pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos u oficios que tengan relación directa con menores de edad, pero este proyecto señala que será perpetua cuando se trate de personas que han cometido delitos sexuales contra menores de 14 años y temporal hasta por 10 años cuando se trate de menores de 14 a 18 años.

Del mismo modo, el proyecto crea un acceso restringido al Registro de Condenas, para las personas que necesiten contratar a empleados que tengan relación directa con niños

Al respecto, la CIDH considera esta decisión como un paso fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos del pasado. El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que toda persona tiene derecho a conocer la verdad. En el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, acceder a la verdad de lo ocurrido constituye una forma de reparación.

La Comisión Interamericana se pone a disposición de las autoridades de Brasil y de la Comisión de la Verdad recientemente formada a fin de colaborar, dentro del marco de sus funciones, con esta importante iniciativa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

- 1940: Entra en funcionamiento el campo de concentración nazi de Auschwitz.

- 1993: Destitución del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.

“El trabajo es un secuestro de nuestro tiempo / Nuestra energía / Nuestro tiempo a la venta en el mercado laboral / ¿A quién beneficia?”. Así se concibe el trabajo en la canción “Tiempos de Atraco”, del grupo catalán Elektroduendes. Y es que las 45 horas semanales de trabajo que norma la actual legislación laboral, son ampliamente superadas por un tercio de la población que llega a trabajar 56 horas, divididas en seis o siete días.

De seguro nos gustaría leer ese libro pendiente sobre el velador, ese que alcanzamos a avanzar de entre dos a cinco páginas antes de caer rendidos, o ver esa película que está en cartelera, o tener más tiempo para criar y disfrutar a los hijos. Quizás, simplemente, para estar con la familia o con amigos de manera relajada. Aquella canción también plantea que el trabajo “condiciona tu ritmo, marcando la pauta de tu reloj vital”. A partir de esta organización del día en torno a las horas dedicadas al trabajo, surge el cuestionamiento de qué hacer con el escaso tiempo que no estamos trabajando –y cómo ampliarlo-.

Este escenario parece imposible de hacerse carne hoy, en nuestro país, con la estructura laboral existente. Según datos de la Fundación Sol, entidad abocada a estudiar los fenómenos laborales, existe un 11% de chilenos que trabaja más de 11 horas diarias, y el 30% de los asalariados full time, trabaja 56 horas semanales. No obstante, y como indica la investigadora Karina Narbona, según la nueva encuesta de trabajo, hay alrededor de 591 mil personas sub-empleadas, lo que quiere decir que a un 56% de trabajadores le gustaría laborar más tiempo, pero no encuentra un segundo empleo.

CONTRA LA PAVOROSA CESANTÍA

La discusión sobre el tiempo de trabajo no es nueva, ni en el mundo ni en Chile. Ya en 1931, un sindicato obrero de tendencia anarquista, la Unión en Resistencia de Estucadores, URE, planteó y consiguió la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias, principalmente como una forma de hacer frente a la “pavorosa cesantía”, como ellos la describían en la época. Tras ocho días de huelga general, lograron establecer el 21 de noviembre de ese año la jornada de seis horas para todas las construcciones fiscales, entre las que se cuentan la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y la Biblioteca Nacional.

En la edición del 2 de diciembre de su publicación oficial “El Andamio”, señalan que “la productividad de la industria va en aumento; en cambio, no aumenta en la misma proporción el número de trabajadores empleados en la producción. ¿Cómo si no por la reducción de la jornada ha de poder nivelarse esa anomalía?”.

En esa misma edición, dan a conocer la aspiración de trabajar menos, no sólo como una reivindicación laboral, sino también en la búsqueda del desarrollo integral del trabajador y, como plantea Narbona, desde la aspiración de “emanciparse del capital”. Los obreros de la construcción señalan que propician la jornada de las seis horas, “no sólo para aliviar las penosas condiciones de los trabajadores, sino con el propósito de estar en mejores posiciones para la propaganda y la acción”.

Y completan la idea en “El Andamio” del 5 de noviembre de 1932, agregando que este tiempo libre alentará a “que estudie el obrero, a que viva una vida más humana y finalmente, a que la remuneración que actualmente se recibe, guarde más armonía con el esfuerzo que en el trabajo se despliega”. Sin embargo, esta experiencia duró poco tiempo y, ya en diciembre de 1932, se llama a conformar el “Comité Pro Defensa y Ampliación de la Jornada de seis horas” e invita a todas las “organizaciones revolucionarias a que envíen delegados autorizados a él”.

MÁS TIEMPO PARA VIVIR

Karina Narbona valora las propuestas de diversos sindicatos del mundo que han posibilitado, mediante la reducción del tiempo laboral, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como en gran parte de los países europeos. Hoy también en Latinoamérica existen ejemplos de esta práctica. En enero de este año, por ejemplo, se aprobó en Venezuela la reducción laboral a siete horas diarias -35 semanales-, señalando que el proyecto “dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras”.

Una eventual reducción del tiempo de trabajo no actúa linealmente ni produce efectos automáticos en los trabajadores, debido a que, bajo las actuales condiciones de vida, mayor tiempo libre redunda en más tiempo para consumir. “Esta emancipación del capitalismo, a partir del tiempo libe, tampoco es tal, porque el capital también pautea nuestra formas de ocio”, precisa Narbona. Y esta idea queda complementada con lo dicho por Alex Godoy, miembro del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, para quien el tiempo libre no sería empleado en labores domésticas o de formación integral, sino en visitar familiares o paseos a la playa. Para Godoy, “el chileno visita a su gente, se come un asado y usa el auto”, según los últimos resultados del informe Casen y la “Encuesta de consumo cultural y uso del tiempo libre”, de la consultora Lapetus.

En ese sentido, la investigadora de Fundación Sol, enfatiza que “se requieren organizaciones de trabajadores que sean fuertes y que puedan incidir en el control mismo de la producción, no solamente a través de reivindicaciones salariales, sino que puedan plantear políticas de empleo, que puedan incidir en la gestión del trabajo dentro de las empresas, controlar en la contratación y no solamente ver condiciones de trabajo”, labor que debe ser asumida por el sindicalismo del siglo XXI, incorporando una visión integral más allá de las válidas y necesarias reivindicaciones laborales.

Y usted, ¿qué haría con más tiempo libre?

Según lo informado por la Radio Santa María, la condena surgió después de una audiencia realizada ayer en Aysén, en el que se determinó que la secretaría de Estado liderada por Rodrigo Hinzpeter deberá pagar 35 millones de pesos (19 por el juicio más un millón de pesos por persona).

Ante la noticia, el abogado defensor Rodrigo De Los Reyes, dijo que con esta condena se hacía justicia a la comunidad golpeada, algo que compartió el Defensor Regional, Fernando Acuña, que señaló que con esa condena se buscaba enmendar en parte todos los gastos en que incurrieron los afectados.

Junto a eso, los abogados de los ex querellados presentaron una denuncia en contra del propio ministro Hinzpeter por “querella calumniosa”, argumentado en las declaraciones que incluía la querella original emanada desde Interior.

- 1925: Nace Malcom X, dirigente negro estadounidense.

- 1985: Muere en combate, luchando por la independencia de Cuba, José Martí.

- 2006: Se inician las manifestaciones de estudiantes secundarios contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Escolares se toman  el Instituto Nacional, Liceo de Aplicación y el de la Confederación Suiza.

- 1893: Nace César Augusto Sandino, revolucionario nicaragüense.

- 1920: Nace Karol Wojtila, quien asumió como Papa con el nombre de “Juan Pablo II”.

- 1973: El presidente Salvador Allende anuncia la expropiación de todas las compañías extranjeras de telecomunicaciones. 

- 2005: Mueren 44 conscriptos y un suboficial del regimiento Nº 17, en faldeos del volcán Antuco, en Los Ángeles, víctimas de órdenes irresponsables de sus superiores jerárquicos.

De acuerdo a versiones de Radio Cooperativa, el Ministerio también habría informado a la Cancillería argentina de esta decisión, adoptada por las autoridades chilenas al no cumplirse los requisitos para considerar a Romano un perseguido político.

El juez mendocino está siendo procesado en su país -luego de ser destituido- por cargos de complicidad en 103 casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).

Ahora la Corte Suprema chilena deberá resolver sobre la petición de extradición hecha a nuestro país por parte de la Justicia Argentina.

Romano huyó a nuestro país en agosto del año pasado tras ser destituido por poder judicial trasandino. Solicitó en Chile la condición de refugiado político, lo que, de acuerdo a Ley de Protección al Refugiado, le permitió recibir una visa temporal de 8 meses.

El 24 de febrero la Corte Suprema chilena ordenó el arresto domiciliario del destituido juez como paso previo para su extradición a Argentina. (www.lanacion.cl)

A la reciente instalación en la provincia del Chaco de una base militar del Comando Sur, le siguió la inauguración en Chile de una base estadounidense en Fuerte Aguayo, ubicada a unos 20 km al norte de Valparaíso que, según la versión oficial, “se especializará en el entrenamiento de soldados para las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas”. Aunque el despliegue continental forma parte de la militarización de la política exterior de los Estados Unidos a escala global, se pretende disfrazar la base del Chaco como “Centro de respuesta a emergencias”, según declaraciones del consejero de la Embajada de EE UU en la Argentina, Jefferson Brown, mientras que la base chilena fue presentada como apoyo a “…la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz o de estabilidad civil”, como anuncia el sitio web del consulado estadounidense en Chile. Si se tratara de una ayuda para catástrofes humanitarias o sanitarias, el brazo armado del Pentágono en el subcontinente no es la entidad adecuada para prestar socorro. Todo lo contrario: no es un secreto para nadie que una de las mayores amenazas para la paz a nivel regional es, precisamente, el despliegue de tropas del Comando Sur. En junio de 2009, desde la base de Palmerola, en Honduras, el Comando Sur y el Pentágono fogonearon el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Los golpistas hondureños encabezados por el general Romeo Vázquez eran todos ex alumnos del Comando Sur, que se habían especializado en contrainsurgencia y golpes de Estado.

No es extraño que el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich –en sintonía con la Embajada de EE UU– desmienta que la instalación del Chaco sea una “base” porque el personal militar estadounidense emplea el término “base” cada vez con menor frecuencia cuando se reúne con sus asociados extranjeros. El personal tiene instrucciones de no hacerlo. Hoy en día se emplea otra terminología, la cual está de acuerdo con la línea estratégica de la “potencia indulgente” y no se asocia con “confrontación”.

Emplazamiento Cooperativo de Seguridad, CSL (según sus iniciales en inglés) o Emplazamiento Adelantado Operativo, FOL (según sus iniciales en inglés), son los eufemismos utilizados para camuflar estos destacamentos que forman parte del dispositivo bélico estadounidense al sur del Río Grande.

Estados Unidos tiene bases militares activas en Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú y Paraguay. El Comando Sur cuenta con estaciones navales en Curazao y Aruba en el Mar Caribe. Y actualmente Estados Unidos construye aceleradamente un CSL en la República Dominicana. Con toda certeza, esta base se convertirá en parte integrante del sistema que facilita el monitoreo de las aguas territoriales de Venezuela y su flota.

Al ser entrevistado por medios de comunicación estadounidenses, el gobernador Capitanich hizo varias declaraciones que contradicen la política exterior articulada por Néstor y Cristina Kirchner. El gobernador chaqueño planteó una nueva asociación estratégica con Estados Unidos. Esas declaraciones que contienen las promesas que los diplomáticos y funcionarios de inteligencia querían escuchar, seguramente fueron el resultado del entusiasmo que le generaron al gobierno chaqueño las inversiones “garantizadas” por valor de 100 millones de dólares y la perspectiva de otros proyectos con participación norteamericana.

Tener una base militar en El Chaco le brinda al Comando Sur una perfecta oportunidad para monitorear el área de la Triple Frontera, para evaluar las perspectivas de explotación de las ricas reservas de agua dulce del Sistema de Acuíferos del Guaraní y para reclutar personal militar y policial chaqueño.

El gobernador Capitanich apeló a bromas e ironías para negar las características militares del emplazamiento estadounidense. No es necesario un desembarco de marines para que las instalaciones chaqueñas tengan un uso militar. Capitanich parece ignorar que los pilotos que operan los 7500 aviones robot –drones–, que son las principales armas de la guerra en Irak, Afganistán, Pakistán y otros países en los que Estados Unidos libra guerras de baja intensidad, operan con un joystick y 14 pantallas desde la base Creech, cerca de Las Vegas, la capital del juego. Con un aeropuerto como el de Resistencia y una conexión de Internet, la base del Chaco podría servir para espiar y lanzar operaciones especiales contra los estados vecinos de Bolivia, Paraguay y Brasil.

El comandante Edwin Passmore, que en noviembre de 2011 participó en el episodio del avión del Comando Sur detenido en Ezeiza por intentar ingresar material no declarado, fue el artífice del proyecto en el Chaco. Su currículum habla por sí solo del proyecto chaqueño: funcionario profesional de inteligencia, sirvió en Afganistán, fue asesor de inteligencia en el Ministerio deDefensa en Kuwait. Entre 2005 y 2008, Passmore operó en Venezuela. La contrainteligencia de ese país detectó sus reuniones con conspiradores del ámbito militar y fue expulsado bajo cargos de espionaje. Su último nombramiento fue en la Argentina.

A través de Passmore y Capitanich, el Comando Sur ha conseguido “un punto de apoyo” en la Argentina y ahora es tiempo de aprovechar el éxito. Sus colegas en Brasil no han tenido la misma suerte para la implementación de un proyecto de altísima prioridad para el brazo regional del Pentágono: Brasil hasta ahora se ha negado a compartir su base espacial de Alcántara con Estados Unidos. Las razones son claras, esta base espacial en el Atlántico es parte del desarrollo científico y tecnológico de Brasil. Incluso científicos y militares culparon a agentes de la CIA y a la inteligencia estadounidense por los fracasos en algunos lanzamientos anteriores. Si los estadounidenses logran instalarse en Alcántara sobre bases legales, Brasil bien podría despedirse de su programa espacial.

El actual jefe del Comando Sur, el teniente general Douglas Fraser, está a punto de concluir su misión en el continente y pronto será remplazado por su colega John Kelly, un veterano que combatió en Irak y en otros conflictos. La misión de Fraser fue actualizar toda la infraestructura del Comando Sur en América Latina: puertos, aeropuertos, centros de comunicación y complejos residenciales en los cuales contingentes militares adicionales podrían ser alojados. El nuevo centro de comando, que asegura el control sobre las bases militares regionales, fue construido en la ciudad de Doral en Miami, Florida. El edificio de acero y hormigón, capaz de resistir un ataque con misiles, indica que el Pentágono se está preparando para un drástico empeoramiento de la situación en el Hemisferio Occidental, si EEUU e Israel recurren a la fuerza para atacar a Irán.

En el mes de marzo, durante una presentación ante el congreso estadounidenses, el general Fraser dejó en claro que el Pentágono espera una crisis en los países del ALBA.

El Comando Sur vigila los procesos en la región y está listo para actuar según las circunstancias, dijo. También mencionó el creciente nivel de violencia en los países del Alba, la inestabilidad económica y los desastres geopolíticos.

“El factor iraní” fue mencionado en varias oportunidades por Fraser para subrayar las relaciones internacionales de los países que están en la mira del Pentágono. Fraser remarcó que Estados Unidos declaró que los lazos estrechos con Teherán son inadmisibles, refiriéndose primero que nada a Venezuela, Ecuador y Nicaragua.