Por Ricardo Israel
Decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile
Es innegable que actuaciones policiales pueden haber excedido lo permitido por las leyes, y deben ser castigadas por los tribunales. Sin embargo, me parece que definir aquello como una práctica organizada de tortura puede ser exagerado.
Importantes dirigentes del movimiento estudiantil se han referido al tema de la tortura. Así fue que a fines del año pasado, un dirigente de la Universidad de Los Lagos, quien actuó como vocero mientras los más conocidos viajaban al extranjero, señaló que acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su juicio la manera como actuaba Carabineros al disolver las marchas, aparecía como una forma organizada y sistemática de tortura que merecía ser denunciada.
Este año, la más emblemática de las dirigentes volvió al tema en una entrevista con un diario británico que la escogió “Personaje del Año”, afirmando también el carácter masivo de la tortura que habrían sufrido en forma sistemática “muchos estudiantes”.
Por cierto, que a todo chileno le asiste el derecho de acudir a un organismo internacional, sobre todo si tienen una representación, como también es indudable la garantía básica de libertad de expresión.
A lo que quiero referirme son a dos cosas diferentes:
La primera tiene que ver con la preocupación por la utilización de la palabra “tortura” como práctica sistemática de violación de derechos humanos en el Chile de hoy.
Aceptando que es innegable que pueden haber existido actuaciones policiales que han excedido lo permitido por las leyes, y que de ser así deben ser castigadas con energía por los tribunales, me parece que definir aquello como una práctica organizada de tortura puede ser exagerado- toda vez que lo anterior es un delito específico no solo a nivel nacional, sino también, internacional-.
El problema no es la acusación, sino mi preocupación va por otro lado, ya que podría estar evidenciando un problema de desconocimiento de la historia reciente de nuestro país. En efecto, banaliza y reduce lo que efectivamente ocurrió en nuestro país durante la utilización masiva de la tortura como arma en el abuso de los derechos humanos.
En efecto, no hay que olvidar que en su juicio en Londres, al General Pinochet en definitiva se le acusó usando como base el tratado internacional de protección contra la tortura que fuera firmado por nuestro país.
Aquí, creo que debe funcionar en forma legítima la memoria histórica, y tanto las instituciones públicas como las organizaciones de familiares de víctimas, tienen la palabra para señalar que no son situaciones comparables, y que nunca va a ser igual vivir en democracia que no hacerlo, y que la tragedia que ocurrió en Chile no es simplemente equiparable a los abusos que hoy se denuncian.
En segundo lugar, hay un problema muy de fondo, el que es responsabilidad más de los mayores que de los jóvenes. En efecto, quizás una de las más grandes deudas de Chile con su juventud ha sido la no incorporación de la educación cívica y de la historia reciente al corazón del proceso educativo.
Quizás las declaraciones de estos dirigentes estudiantiles son el reflejo de ello. De ahí, la necesidad de colocar las cosas en perspectiva, y la deseabilidad que aparezcan las instituciones públicas relacionadas con la memoria y los derechos humanos.
También, de aclaraciones por parte de las asociaciones de víctimas, para que no se reduzca a algo menor la tragedia sufrida por sus familiares. (www.lanacion.cl)