Las instituciones que trabajan en materia de infancia deben generar la voluntad política para un cambio
Alejandra González, Trabajadora Social, Coordinadora del Departamento de Trabajo Social y Directora del Diplomado “Metodologías de Investigación e Intervención Social de la Universidad Alberto Hurtado, tras participar de la mesa Construcción de sujeto de derecho en los contextos de intervención. Programas asociados a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y a la línea de protección de derechos”, en el Seminario: En la Reflexión de los Derechos Humanos, Aprendizajes y Desafíos, se refirió a los alcances de la ley y al rol que deben jugar los organismos que ejecutan a través de sus programas esta cuestionada normativa.
Alejandra González, Trabajadora Social
Para Alejandra González lo primero que se debe tomar en consideración es “saber que es lo que se esta haciendo, porque no tenemos idea de que es lo que se esta haciendo, sabemos cual es la ley, quienes entraron, quienes salieron, quienes reincidieron, eso sabemos, pero no tenemos idea que es lo que se esta haciendo, y en ese sentido Serpaj tiene mucho que hacer, respecto a decir que efectivamente están haciendo. Si es que Serpaj hace una intervención diferencial respecto a lo que hacen otros organismos colaboradores, eso por ejemplo es un tema a ser problematizado muy importantemente. Pues, esta es una institución que ha estado desde sus inicios fundada en una defensa acérrima de los derechos humanos, entonces uno debería presuponer que las intervenciones que Serpaj realiza tienen un diferencial radicalmente distinto a las que otras organizaciones realizan como organismo colaborador en esta ley y eso es algo que yo agradezco que lo estén haciendo, porque devela una preocupación explicita por eso”, aseguró González.
Cuestionamientos a la Ley
Según lo indicado por Alejandra González, “desde los inicios de esta ley ha presentado una serie de problemas, desde su diseño, y ahora en su implementación, los cuales nos hacen cuestionar cada vez más los sentidos más profundos de ella, pues debió generar un sistema especifico para los adolescentes y para la infancia en infracción de ley, sin embargo, ahora lo que nos están comprobando es que este sistema no es especifico para infancia, sino que arroja los mismos indicadores que para los adultos, y eso me parece de una gravedad impresionante”.
Para González entonces cabe preguntarle a quienes están implementando la ley, ¿qué es lo que esta pasando en esa implementación?, ¿cuáles son las falencias que hay en eso?, ya que, sabemos que hay una falencia de recursos, no solamente de recursos de infraestructura, sino en recursos simbólicos y materiales, materiales en términos de la materialidad de la intervención, como se esta haciendo la intervención, que tipo de asesoría hay para realizar la intervención, (…) pero si no tenemos las experticias, las habilidades, las competencias, esos se transforman en edificios sumamente habilitados pero haciendo las mismas practicantes tutelares de antes, entonces en eso las instituciones tienen un rol fundamental, que es hacer diagnóstico respecto de lo que están haciendo, hacer denuncia en términos políticos, para que la política pública sepa cómo esta operando la ley y pueda hacer todas las modificaciones pertinentes, porque aquí se esta jugando la vida de estos jóvenes”, enfatizó.
No hay Voluntad
Respecto a la voluntad política para generar cambios que de verdad aseguren una defensa de los derechos de los jóvenes y una intervención integral, Alejandra González, declara de manera enfática que no hay voluntad del Estado, sin embargo, expresa que “no podemos quedarnos tranquilos ante esa no voluntad, pues la política social en temas de infracción penal adolescente se juega en organismos colaboradores específicos, entonces si estos organismos rechazan esta implementación y se manifiestan en contra de la implementación la política social no se puede llevar a cabo, o sea la contraparte aquí tiene un papel extremadamente importante, Serpaj y todos los holding que colaboran en la intervención tienen un rol político importante. Si estas organizaciones se restan de esta implementación, critican esta implementación o se posicionan en términos políticos, la voluntad política tendrá que emerger, lo que hay que preguntarse es si los organismos colaboradores tienen esa voluntad política y ese es el ejercicio que Serpaj y quienes intervienen tienen que hacer desde sus respectivos programas, jefaturas y evidenciar así las tensiones que eso pueda provocar”, señaló Alejandra González.
Sergio Vargas Zamorano
Periodista
Unidad de Comunicaciones
Serpaj-Chile